La Unión europea ha anunciado este miércoles el contenido de la iniciativa ‘Clean energy for all Europeans‘, una directiva orientada al periodo 2021-2030 para “mantener la competitividad de la UE en la transición hacia las energías limpias que están transformando los mercados energéticos globales. Y dentro de esas medidas, el autoconsumo energético ha recibido un importante respaldo por parte de las autoridades europeas, que de hecho contradicen en parte el decreto de autoconsumo aprobado en España en octubre de 2015.
Dentro de las propuestas que afectan a los consumidores, el texto recoge que “los consumidores o comunidades de consumidores tendrán derecho a producir, almacenar o vender su propia electricidad, pudiendo beneficiarse de la caída de costes de los paneles solares para los tejados y otras unidades de generación de pequeña escala para ayudarles a reducir las facturas de la luz”. También se defiende el autoconsumo compartido entre hogares, edificios e industrias
Esto choca frontalmente con la regulación del autoconsumo en España, que prohíbe tanto el autoconsumo compartido como que los autoconsumidores viertan sus excedentes de energía a la red, y por tanto que la vendan o saquen cualquier beneficio de ella. Esta posibilidad, en su formato de balance neto (que la electricidad producida y no consumida se vierta a la red eléctrica general, y posteriormente se compense cuando la demanda sea más alta que la producción), que ya se aplica en otros países, es una de las reclamaciones que los defensores del autoconsumo llevan meses reclamando también para España, de momento sin éxito.
“Se trata de un texto muy positivo” opina Daniel Pérez, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, “ya que pone límites y objetivos muy concretos, para evitar conflictos como ha ocurrido con legislaciones anteriores: en el régimen a 2020 los objetivos eran más ambiciosos, pero faltaban medios para llevarlos a cabo; estas nuevas normas son menos ambiciosas pero hay más instrumentos para que la comisión pueda actuar”. Hay que recordar que este es un texto preliminar que aun debe ser sometido a modificaciones y recursos antes de ser aprobado.
Celebra especialmente la consideración como derechos de vender la energía autoproducida, del autoconsumo compartido y de poder acceder a esta opción con unos trámites simplificados. Las tres cosas son puntos criticados de la legislación española actual. “Una vez aprobada la directiva, y hasta que no entre en vigor, los estados no están obligados a adoptarla, pero lo que no pueden hacer es dar pasos en contra”, explica.
Lo que significa que la actual normativa española podrá seguir en vigor tal como está redactada unos cuantos años más, pero no podrá endurecerse más en estos aspectos, y solo le queda dar pasos hacia el fomento del autoconsumo. “Para algunos países puede parecer poca cosa, pero vista la situación en España es un gran avance”.
Eficiencia energética y liderazgo en renovables
Con la puesta en marcha de estas medidas, la Comisión Europea quiere que Europa “lidere la transición hacia las energías limpias, no solo que se adapte a ella”. Por ello pretende reducir las emisiones de CO2 al menos en un 40% para 2030 a la vez que moderniza la economía de la UE y crea nuevos puestos de trabajo. Los objetivos se dividen en tres puntos: priorizar la eficiencia energética, conseguir el liderazgo mundial en energías renovables y asegurar un trato justo para los consumidores.
La Comisión pretende reducir las emisiones de CO2 al menos en un 40% para 2030 a la vez que moderniza la economía de la UE y crea nuevos puestos de trabajo
En cuanto al primer objetivo, la directiva quiere alcanzar un aumento del 30% en la eficiencia energética fomentando los edificios eficientes, un marco de diseño y financiación para ayudar a Europa a seguir creciendo mientras persigue sus metas climáticas. La Comisión pretende extender más allá de 2020 la obligación de que los generadores y distribuidores tengan que ahorrar un 1,5% de la energía anual al periodo entre 2021 y 2030, lograr que los hogares ahorren hasta 500 euros anuales gracias a construcciones más eficientes y acelerar el ratio de renovación de los edificioes ya existentes creando un mercado con un volumen de 80.000-120.000 millones de euros para 2030.
El segundo objetivo queda fijado en la intención de que al menos el 27% de toda la energía consumida en Europa provenga de fuentes renovables gracias a transportes sin emisiones de carbono, consumidores con mayor poder de decisión, climatización más limpia y electricidad proveniente de fuentes renovables.
Más información y poder para los consumidores
El tercer objetivo se fija directamente en los consumidores. “Los consumidores serán participantes activos y principales en los mercados energéticos del futuro”, se puede leer en la propuesta, que promete que en poco tiempo, y en toda la UE, los ciudadanos podrán elegir entre una mayor oferta de proveedores energéticos, acceder a herramientas para comparar los precios y disfrutar de la posibilidad de vender su propia electricidad. “Una mayor transparencia y una mejor regulación dará más oportunidades a la sociedad civil de involucrarse más en el sistema energético y de responder a las vaciaciones de precios”.
Además de asegurar el derecho al autoconsumo, la UE acelerará la implementación de contadores inteligentes y asegurará que los consumidores pueden acceder a contratos con precios dinámicos para la electricidad, “esenciales para cerrar la brecha entre los consumidores y el mercado”. Además, y siempre que los ciudadanos den su permiso, sus datos de consumo estarán disponibles para los actores del mercado, que así podrán ofrecer soluciones a medida de cada uno.
Gracias a ello, la CE promete que operaciones como pagar, cambiar de proveedor o establecer un nuevo contrato al cambiarse de casa será más fácil, más rápido y más justo para los consumidores. “Los consumidores podrán acceder a información más clara y fiable sobre las mejores ofertas gracias a herramientas de comparación de precios certificadas que les ayudarán a tomar decisiones bien informadas”. También se limitarán las tasas por cambio de proveedor, para que los consumidores se beneficien sin cortapisas de las diferencias de precios.
Fuente: El Confidencial